El conflicto entre el Estado chileno y el pueblo-nación Mapuche, mediáticamente instalado como “conflicto mapuche”, implica disputas con empresas forestales y grandes terratenientes instalados hace más de un siglo.
Por tanto, las justas reclamaciones al uso de los recursos naturales, las tierras, bosques, acceso al mar y ríos, y también las que se refieren a derechos políticos como autodeterminación y autonomía territorial, colisionan con los intereses privados que se administran a favor de empresarios, gracias a las políticas de la casta partidaria transversal.
Este “conflicto” utiliza la criminalización de las demandas políticas del pueblo mapuche, la judicialización de sus dirigentes y la implementación de la violencia en todas sus formas (física, simbólica, ecológica, económica y social) con el fin de proteger intereses económicos de algunas familias.
Como por ejemplo los Angellini y Matte, dueños de las forestales más grandes del país, que en exportaciones en 2018 llegaron a un total de $6,818 millones de dólares. Es el tercer sector que más aporta a la economía, después de la minería y la industria. Todo esto en contraste con la Araucanía que es la región más pobre de Chile.
Para aquellos que suelen repetir “y para qué quieren más tierras los mapuche”, existen 3,316,789 ha. de plantaciones forestales (CONAF, actualización 2014). Y Según el Catastro de los Recursos Forestales de 1997 y el Censo Nacional de Agricultura y Ganadería de 2007, el 78% de las plantaciones pertenecen a grandes propietarios, Angellini y Matte, en comparación con el 4% que está en manos de pequeños propietarios.
Todos los impactos del modelo económico los ha sufrido el pueblo mapuche, y ha enfrentado a los gobiernos, al Estado y los empresarios, por lo cual muchos líderes han debido pagar un alto precio, persecución, cárcel y asesinatos, como acaba de ocurrir con la muerte de un padre de familia que lo único que hacía era defender los derechos de su pueblo, el hermano Alejandro Treuquil.
Estas prácticas de violencia y exterminio en contra de la nación mapuche han recrudecido bajo el actual gobierno. Con el slogan de combatir “la violencia rural” se articulan prácticas de extremistas como el caso del “Comando Jungla”.
Esto es lo que ocurrió en Collipulli donde el werken asesinado había denunciado el hostigamiento llevado a cabo por efectivos de la policía, los mismos que habían asesinado a Camilo Catrillanca (24), en medio de un operativo de dudosa legalidad de Carabineros, que viene a confirmar que el Gobierno de Sebastián Piñera reforzaría la seguridad en la zona, para grandes empresarios que exigen una mayor protección a sus fundos para la explotación.
Paralelamente, el debido proceso debe condenar a los culpables de este asesinato, no puede ser que existan dos tipos de justicia, una efectiva para las familias del 0.1% y otra inútil para el mapuche y el 99% restante de Chile.
Y es que no es la primera vez que ocurre esto, solo debemos recordar que efectivos de carabineros asesinaron por la espalda a Matías Catrileo, y desconocidos asesinaron a tiros a Rodrigo Melinao en Ercilla, lo que se está repitiendo hoy.
Estoy convencido que la no violencia es el camino y no el fin y me niego a creer que en “democracia” existan sicarios y que se intente resolver el problema político entre el Estado y el Pueblo Mapuche por medios policiales, judiciales y militares, violentos en definitiva y que fomentan las distancias.
No sólo porque la historia ha demostrado que esa vía es equivocada y que causa dolor a inocentes, sino porque no se puede lograr la paz, a través de la represión.
