La crisis Política en Chile es la crisis de la Democracia. No es PENTA ni SQM

La crisis Política en Chile es la crisis de la Democracia. No es PENTA ni SQM

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La profundización de la crisis del Estado frente a la situación Mapuche, es un tema que debe ser abordado desde un punto de vista político, en concordancia con lo señalado por el PNUD, organismo que sostiene en su informe “Auditoría a la democracia. Más y mejor democracia para un Chile inclusivo”, que las desigualdades políticas crean desigualdades sociales, económicas, y habría que agregar étnicas y de cualquier grupo humano alejados de la toma de decisiones políticas.

Si las determinaciones que afectan el destino de las personas las toma un pequeño pero poderoso grupo de políticos -lo que se contradice con un sistema verdaderamente democrático-, es natural que aquellos que no están representados en esas instancias no puedan decidir su propio futuro y se encuentren dentro de los postergados económica y socialmente, del país.

Dentro de esos postergados están los pueblos originarios, discapacitados, pobres, pescadores, campesinos y homosexuales. Por lo mismo, resulta evidente que la crisis política es sólo el síntoma y que la enfermedad está en la crisis de una supuesta democracia que no es tal, que excluye a importantes sectores de la población que no se ven representados en las instancias de poder.

Si consideramos, además, que los jueces de la Corte Suprema, el contralor general y el fiscal nacional, por ejemplo, son designados de acuerdo a votación en el Senado, vemos que los grupos humanos más postergados no participan de esas designaciones, sin olvidar que sólo vota alrededor del 40% de los ciudadanos.

Lo anterior se agrava, con un número importante de parlamentarios que están demostrando que sirven a los grandes grupos económicos que los financian, en perjuicio de quienes los eligen, de forma tal que los poderes fácticos han cooptado al poder político.
Así ha quedado claro en los casos Penta y SQM, sin dejar de mencionar la irregular Ley de Pesca con el Senador Orpis de la UDI, y las renovaciones al DL N°701 de Pinochet, que benefician a las familias Angelini y Matte, con especial participación de algunos parlamentarios financiados por forestales.

Este y no otro, es el epicentro del problema que ha puesto en crisis no sólo el gobierno de la Nueva Mayoría, sino al sistema político en general, de la izquierda derechista y neoliberal hasta la derecha pinochetista.

En efecto, el problema aquí no es coyuntural, como algunos aseguran. El problema es de fondo. Por ello, el ciudadano normal no cree en la justicia, no cree en la política, no cree en las instituciones, no cree en la religión pedófila y menos en los partidos políticos, porque ve que la infraestructura política del Estado administrado por los actores políticos de la corrupción, permiten que al hijo de un senador que mata a alguien en estado de ebriedad no le pase nada o que a un senador que atropella a un carabinero con resultado de muerte, no le pase nada…

Pero, en el más evidente contrasentido, acentuando las contradicciones del sistema, un pobre o un mapuche, por situaciones menores se van a la cárcel.

Prueba de eso, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó sin efecto ocho condenas por terrorismo desde el 2003 -siete mapuches y una activista-, determinando que el Estado de Chile debe indemnizar a cada uno de los injustamente condenados. Lo mismo ocurrió con la muerte de Matías Catrileo.

Pero, aún así, con toda esta evidencia, se sigue presumiendo culpable al mapuche antes de un juicio justo. Por ejemplo, la implementación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que hace que las comunidades pierdan su última esperanza en la justicia y en el Gobierno.

Es tan simple como ver que si se detiene a un mapuche portando un arma, algunos políticos y los medios de comunicación dicen que se presume que cometería abigeato; pero cuando unos latifundistas portan armas, se dice que son deportistas que practican pesca y caza. El trato es injusto a todo nivel.

El problema político va más allá de la simple creación de un ministerio y un consejo de pueblos que no tiene relevancia en la toma de decisiones legislativas, ejecutivas ni judiciales. Tal vez algún académico experto en materia indígena tenga su propia teoría, pero El problema no es académico. Es político.

Qué duda cabe. Para recuperar la confianza de los ciudadanos se debe perfeccionar la democracia a objeto de terminar con las desigualdades sociales, económicas y étnicas que son consecuencia de las desigualdades políticas.

Algunos de los intelectuales políticos podrían responder: “¡pero si eso ya lo perfeccionamos con el cambio del sistema binominal!”. Sin embrago, la definición más básica de democracia, según Aristóteles, es que es “el gobierno de la mayoría”. Entonces como podrían acceder al poder político las minorías étnicas, por ejemplo.

Lo anterior, sin considerar que cuando vota sólo el 40% del país habría una contradicción vital a lo menos con la etimología de la palabra democracia, que significa el poder del pueblo. En este caso el 60% que no vota -que es la mayoría- no tiene el poder y tampoco las minorías… Entonces, ¿quién tiene el poder político en Chile?, ¿será un pequeño grupo económico que ha defendido de manos de algunos políticos, un sistema hecho a la medida desde la dictadura, a tal punto que el mismo ex Presidente Lagos firmó la validación de la actual Constitución?

En palabras de Theodore Roosevelt: “Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser grande o democracia”. Es por ello que hoy en día se hace imprescindible crear una política electoral que permita que las minorías y los excluidos tengan participación política real en la toma de decisiones.

El mejor camino sería crear un sistema electoral indígena con escaños reservados de acuerdo a la densidad poblacional de cada territorio. De esta manera, el 10% del país -que corresponde a la población indígena- tendría representación política real. Esta es una necesidad, donde hay una necesidad nace un derecho y es ese el derecho que tenemos el deber de reclamar no solo para los pueblos indígenas, sino para todos los postergados de Chile.

Para caminar a resolver esta crisis política es necesario profundizar la democracia. Es decir, que los excluidos accedan al poder político y esa es una lucha que no parará hasta que la ganemos.

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