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Mayol: ¿Intendente o corredor de propiedades Mapuche?

Mayol

Durante la Conquista y Colonización europea existió el convencimiento que los pueblos no europeos debían ser gobernados y explotados por los europeos que se autocalificaban de raza superior y, por lo mismo, consideraban a los otros pueblos como inferiores, sin alma y sin inteligencia, incluso al inicio del proceso dudaban si eran humanos o no. Ciertamente con diferencias notables e indesmentibles de por medio, hoy la mayoría de los pueblos indígenas de América Latina siguen bajo la tutela de los descendientes de esos europeos (muchos creen que son descendientes de europeos) utilizando prácticas racistas para su propio beneficio económico, de tal manera que hoy el racismo no es tanto cultural sino más bien económico.

El Intendente de La Araucanía, Mayol, el 20 de mayo en El Mercurio, aseguró que el problema del pueblo mapuche es la pobreza y que esta se debe a que el mapuche no trabaja sus tierras. Declaró: “De las 150 mil hectáreas que se han entregado a las comunidades, a lo menos hay un 60% que no han sido ocupadas por las propias comunidades que las reciben”. A contar de este “dato” cree que la solución es permitir la venta y el arriendo de tierras indígenas, modificando la ley 19.253, que establece que las tierras “se entregan con una prohibición total de vender, hipotecar y constituir gravámenes que permitan acceder al sistema de financiamiento o una asociatividad con alguien” no mapuche. Es decir, el Intendente cree que la solución al conflicto histórico y multidimensional entre el Estado y el pueblo mapuche pasa por la venta de las todavía escasísimas tierras en manos de personas y comunidades mapuches; incluso está dispuesto a indemnizar al que no esté en el campo con 50 millones para que se compre una casa en la ciudad o inicie un negocio.

Sin duda el Intendente ha demostrado una gran capacidad como abogado, empresario y ex ministro, pero respecto de la temática indígena parece que peca de inocencia o de ignorancia porque la demanda de tierras no es una demanda agrícola ni de subsistencia, sino que es una demanda política e histórica por recuperar “sus” tierras expoliadas mediante una guerra económica y una ocupación ilegal. La tierra o más bien el territorio es un conjunto integral de elementos naturales de un espacio geográfico identificado con el pueblo, es el punto de partida y el resultado de la historia y la cultura del Mapuche; el territorio que habitó el glorioso pueblo Mapuche es donde ha de desarrollar su vida y cultivar su lenguaje como lo hace desde tiempos pretéritos, antes de que llegara el Estado chileno. Este “territorio” no puede confundirse con la tierra que un campesino necesita para sembrar papas.

En efecto, la territorialidad es la dimensión espacial en que un pueblo concibe y ejerce su relación con el hábitat que legítimamente se atribuye como propio, con el que se identifica vivir culturalmente y ejercer territorialidad con legitimidad histórica, lo que es un argumento suficiente para lograr el respeto incluso en derecho político internacional, aunque no cuente con el respeto político y reconocimiento de parte del Estado ya que para el pueblo Mapuche es una concepción más cercana a la definición de patria que a la de propiedad.

Lo que se exige entonces, es el reconocimiento de los derechos colectivos del pueblo mapuche, no de derechos individuales, el derecho individual a la vida cobra sentido cuando se comparte con sus iguales en la comunidad, es decir, existen derechos humanos individuales que sólo se pueden disfrutar en comunión con otros, lo que significa que para efectos de Derechos Humanos el grupo involucrado se convierte en sujeto de los mismos por derecho propio, como fue afirmado por uno de los relatores de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas. Lo que nada tiene nada que ver con comprarle las tierras a un mapuche y cambiárselas por una casa en la ciudad.

El Intendente, como muchos políticos, habla en forma estereotipada de la actividad productiva mapuche, señalando que la baja intensidad de uso del suelo es la causa de su pobreza. Nada más alejado de la realidad, ya que según las cifras es un uso intensivo del suelo, lo que resulta obvio dada la pequeña  cantidad de tierras que ocupan los mapuche, 3,6 hectáreas por familia según el Instituto Nacional de Estadísticas y ediciones Sur. El estereotipo discriminatorio inventa una realidad que no se ajusta a los hechos.

Los datos del Censo Agrícola de 2007 señalan que existen 2.717 explotaciones que controlan el  42,7% de las tierras de comunidades, lo que equivale a 77,273 hectáreas, a lo que hay que agregar los lugares donde las condiciones climáticas, como en el Alto Biobio, no permiten cultivos por inviernos nevados, más el 67,2% de bosque nativo, lo que inmediatamente desmiente la aseveración que el 60% de las tierras están abandonadas.

El Intendente Mayol sostiene que los mapuche son pobres porque no tienen títulos individuales de propiedad, es decir, porque no son propietarios, pero no hay ningún estudio que pueda demostrar tal comentario. En el año 1931 una ley permitió dividir los títulos de merced, proceso que se perfeccionó con otra ley de 1961 que permitió entregar estatus jurídico a los usurpadores bajo la definición de “particular”, con esto un comunero podía liquidar su titulo de merced y vender a particulares. Un estudio realizado 50 años más tarde constató que en términos de desarrollo, no había ninguna diferencia entre las 600 comunidades que constituyeron propiedad privada y las que no constituyeron propiedad privada, a pesar que tenían estímulos para dividirse como solicitar créditos, hipotecar el suelo y funcionar con todas las reglas del mercado.

En definitiva, esta iniciativa de venta y arriendo de tierras indígenas es contradictorio con los principios de protección y ampliación de las tierras indígenas señalado en la Ley 19.253 (art.1) y el principio de protección de las tierras y territorios del Convenio 169 OIT (arts. 13 y 14) y afecta directamente el interés de los pueblos indígenas por lo que debe ser consultado por el Congreso a través de un mecanismo adecuado (art. 6.1.a Convenio 169 OIT). Dicho proceso de consulta no ha sido mencionado en ninguna de las propuestas que afectan los derechos territoriales.

Llama la atención la insistencia en que la solución al conflicto mapuche es la puesta en venta de sus tierras a particulares no indígenas sobre todo si se toma en cuenta que el estudio de los Títulos de Merced realizado por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2004) concluyó que un 31,6% de las tierras recuperadas no están en manos de mapuches y que correspondientemente un porcentaje muy importante se encuentra en manos de las empresas forestales: aquí radica el conflicto que el Estado no ha querido resolver.

Existen 168 títulos de merced desaparecidos entre 1927 y 1973, según el Departamento de  Asuntos Indígenas de INDAP, y Osses y Ormeño, abogados del DASIN (Dirección de Asuntos Indígenas) calcularon en 1970 que los mapuche habían perdido 131 mil hectáreas de estos títulos de merced. Entes públicos encargados de la “radicación” calcularon que de las 10 millones de hectáreas que ocupaba el pueblo mapuche, se entregaron apenas 536 mil hectáreas en Títulos de Merced que no podían ser vendidas a personas no indígenas. Entonces, ¿cómo llegaron estas tierras indígenas a manos no indígenas? Lo concreto es que del poco territorio restituido por el Estado, un tercio no está en manos mapuche.

Los pueblos indígenas de Chile son parte fundante de Chile y para que Chile se desarrolle deben desarrollarse sus pueblos indígenas. Este país no puede seguir creciendo dividido, con poblaciones segregadas y empobrecidas al frente de élites que viven en la superabundancia. A través del diálogo político y la participación de los pueblos indígenas como legítimos interlocutores en la toma de decisiones se logran resolver los conflictos.

De tal manera, señor Intendente, como expone el PNUD en su informe de Auditoría a la Democracia, el desafío de mantener la gobernabilidad necesariamente pasa por recomponer la confianza con los actores de la democracia. Para ello se requiere construir una agenda social y política legitimada para avanzar juntos hacia el tan manoseado desarrollo. Esa es la instancia hacia el desarrollo humano más inclusivo y duradero. Hablemos, pero hablemos en serio.

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Diego Ancalao

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