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Rechazo absoluto a la extensión del DL 701 hasta el 2018

Rechazo absoluto a la extensión del DL 701 sobre fomento forestal que aprobó la Comisión de Agricultura de la Camara de Diputados.

La Cámara de Diputados dio a conocer esta noticia el 15 de julio de 2015, informa que:

La propuesta legal, derivada a la Comisión de Hacienda, prorroga el beneficio en los mismos términos definidos en la reforma de 2011, donde se focalizó las bonificaciones asignando porcentajes de 90% para los pequeños propietarios forestales; de 75% para medianos propietarios; y de 50% para grandes propietarios.

Es decir, quiere que los impuestos de todos los Chilenos sigan financiando de un 50 a 90%, a Forestal MININCO y ARAUCO de Angelini y Mate. Lo que se viene haciendo desde el gobierno de Pinochet. Tanto es así, que durante los primeros veinte años de su vigencia (1974-1994) se bonificaron 807.203 hectáreas de superficie forestada, en la que el Estado financió el 75% de las plantaciones, de cada 10 pesos que le costó a los dueños de las forestales, todos los chilenos le pagamos más de 7,5 pesos.

Con este tipo de ayuda no es difícil ver que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, o más ricos a costa de los más pobres.

El proyecto especifica que el mayor gasto asociado al otorgamiento de las bonificaciones será financiado en el primer año presupuestario de vigencia con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público. Así las cosas, es a lo menos extraño que en un momento de crisis económica se prioricen franquicias a los más acaudalados y no a los más necesitados.

Considerando que solo a contar de los diecisiete años de vigencia de los nuevos incentivos, el Estado asignó un total de US$ 476 millones por concepto de bonificaciones forestales. Y Las exportaciones forestales alcanzaron en 2014 un récord de 6.094 millones de dólares.

La verdad sea dicha, estas empresas no ayudan a derrotar la pobreza de Chile y tampoco la industria forestal se ha transformado en un polo de desarrollo para las provincias y comunas más pobres del país. Es todo lo contrario, Lumaco, Angol, Renaico, Los Sauces, Galvarino, Carahue, Ercilla, Traiguien, Puren, Tolten, son las comunas del País con mayor superficie forestada. Paradójicamente en 1993 estas comunas eran las más pobres de la región de la Araucanía (INE). 20 años después la encuesta CASEN las ratifica dentro de las más pobres.

Hay pruebas irrefutables que las comunas con más de un 20% de superficie forestada presentan tasas de disminución de la cesantía similares a las de las comunas con menos de 5% superficie forestada, además, las comunas con más del 20% tienen promedios de pobreza superiores a los del grupo de comunas con superficies forestadas menores al 5% (expansión forestal OIT e INFOR 1996). Es decir, contrario a lo que ha sostenido las millonarias campañas publicitarias de la Corporación de la Madera CORMA y sus empresas forestales asociadas, la disminución de la cesantía es nula y la pobreza se mantiene o agudiza.

Sin embargo, lo que resulta realmente sorprendente es que estas empresas, además, evadan el pago del Impuesto Territorial, que sin duda ayudarían a resolver los numerosos y graves problemas que han generado en estas comunas. En efecto, Según el art. 7 de la Ley de Impuesto Territorial N° 17.235, la tasa de impuesto es del 1% al año del avalúo de las propiedades y las plantaciones bonificadas quedan exentas del impuesto territorial sólo por la primera rotación, esta cesara 2 años después, según el art.13 DL N° 701 de 1974.

 “el impuesto territorial no ha sido pagado jamás por las empresas forestales” CONAF, reconoce que no ha cobrado este impuesto por no contar con los recursos humanos, materiales y financieros para verificar en terreno. El informe publicado por el Director de CONAF Región del BIO – BIO año 2005 en un párrafos dice “….durante el periodo 1974/1992 se calificaron un total de 1.58 millones de ha…..” Luego agrega: “…parte importante de los terrenos calificados en este periodo, no deberían gozar de esta exención tributaria”. Legalmente CONAF es el encargado de informar al SII (art. 8 reglamentos contabilidad forestal y ley 19.561) respecto de las plantaciones que son objeto de franquicia tributaria.

Estos argumentos parecen muy difíciles de creer, especialmente porque, en http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=126810 informan que hasta el momento hay tres millones de hectáreas corresponden a plantaciones forestales y que solo entre 1974-1994 se bonificaron 807.203 hectáreas de superficie forestada y en que los 17 años posteriores se pagaron US$ 476 millones por concepto de bonificaciones forestales.

Considerando la situación actual de crecimiento económico del país, los anuncios de disminución del gasto fiscal y de priorización de las reformas para mantener la estadidad económica.

Lo más justo sería no aprobar esta ley de financiamiento injusto a los más acaudalados, y cobrar el impuesto territorial que las forestales le deben a Chile. Y que sea un requisito para volver a pedir franquicias y bonificaciones para ellos. Que es lo que le sucede a cualquier ciudadano que debe impuestos.

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