El día 22 de mayo el Gobierno dio el inicio a la denominada “Consulta Indígena”.
Primero, es necesario definir que es una consulta indígena.
Se trata de una obligación que debe cumplir el Estado de Chile, de preguntar de buena fe e informadamente a los pueblos indígenas, cada vez que se pretenda implementar una política o acción legislativa que afecte parcial o totalmente los derechos de estos pueblos.
Esta obligación nace del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile el año 2009. Gracias a este Convenio, el Estado se obliga a seguir sus normas, tal como si fuera una ley propia, ya que así lo estipula el artículo 5° de la Constitución Política de la República. Ahí se señala que el Estado debe respetar y promover derechos, garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Entonces, ¿cuál es el problema con la Consulta Indígena del Gobierno? Hay por lo menos cuatro problemas, que afectan la legitimidad de este proceso:
- Una Consulta, debe contar con un porcentaje mayoritario de indígenas que la solicite. Hasta ahora, nadie le ha pedido al Gobierno que hiciera una consulta. Muy por el contario, esta es una idea que nace unilateralmente del Gobierno.
- Esta iniciativa no ha sido previamente informada a los pueblos indígenas. De hecho, sus objetivos, no han sido debidamente explicados. Recién ahora sabemos que se pretende modificar la Ley Indígena en los artículos que se refieren a los derechos territoriales.
- Al no ser debida y previamente informada, se concluye que esta Consulta está pensada e implementada entre cuatro paredes, con la evidente intención de cumplir con las disposiciones legales, solo para legitimar el despojo de tierras indígenas que ha ocurrido hace cientos de años.
- El reglamento de la Consulta, establecida por el DS 66, definido por Sebastian Piñera en su primer gobierno, le puso una camisa de fuerza al Convenio 169 de la OIT, al limitar la aplicación de los derechos que consagra. En efecto, el artículo 3 de dicho decreto, dice que el objetivo de la consulta es alcanzar el acuerdo o consentimiento de los pueblos afectados, si este no se alcanza, prevalecerá la opinión del Gobierno.
Esto quiere decir que la Consulta es solo un mero trámite, y que ya está hecha la política a aplicar.
Pero, ¿cuál es la política que se planifico en las sombras?
- Se busca la modificación del artículo 13 de la ley 19.253, que actualmente protege las tierras indígenas, prohibiendo su venta o arriendo. De este modo, personas no indígenas podrán apropiarse de tierras indígenas, esta vez, amparadas por la ley.
- En el fondo, el Gobierno cree que los indígenas son pobres por no saber trabajar la tierra y, por lo tanto, esta debe ser entregada a los empresarios agrícolas. De este modo, se ha resuelto cambiar los artículos de protección de las tierras, para que así los empresarios puedan arrendarlas a 25 años.
- Esto quiere decir, que el Gobierno impone la visión del libre mercado, por sobre los derechos indígenas.
- Lo que se pretende establecer, es la visión del individualismo del libre mercado, por sobre el comunitarismo ancestral indígena. Se quiere hacer prevalecer la propiedad privada individual por sobre el valor de la comunidad.
Por esta y otras razones más, es que me opongo a esta Consulta y todo lo que ella oculta.
Pido al Gobierno respeto por nuestras formas de vida y nuestra cultura. Al mismo tiempo, exijo el reconocimiento de los pueblos indígenas y la adopción de la identidad plurinacional que Chile posee desde su nacimiento. Desde ahí podremos construir una verdadera convivencia, en la que todos seamos respetados en su dignidad.
“Llamo a mis hermanos mapuche y de los demás pueblos indígenas, a cuidar aquello que nos ha permitido superar la exclusión histórica: nuestra unidad y nuestra conciencia de pueblo nación”
En momentos como estos en que la patria Mapuche se pone en peligro, debemos ver lo que nos une y no lo que nos separa. En momentos como estos no debemos olvidar nunca la fuerza de nuestros antepasados, no por nosotros, sino por los que vienen.
Diego Ancalao G.
